El candidato Alejandro Monraz nos envió la respuesta a la pregunta 4. Se recibió esta documentación el día lunes 24 de Junio.
Pregunta: Es de reconocerse que, en materia de seguridad pública y procuración de justicia, se han abatido de manera importante los índices delictivos en el Estado, sin embargo, en materia de prevención del delito, no se ha hecho lo suficiente para prevenir la comisión de estos; por otro lado, cerca del 90% de los delitos no son sancionados.
¿De qué manera se compromete a involucrar a la sociedad civil en materia de prevención del delito?, ¿Qué propuesta tiene para que más delincuentes sean sancionados?
Pregunta: Es de reconocerse que, en materia de seguridad pública y procuración de justicia, se han abatido de manera importante los índices delictivos en el Estado, sin embargo, en materia de prevención del delito, no se ha hecho lo suficiente para prevenir la comisión de estos; por otro lado, cerca del 90% de los delitos no son sancionados.
¿De qué manera se compromete a involucrar a la sociedad civil en materia de prevención del delito?, ¿Qué propuesta tiene para que más delincuentes sean sancionados?
La intervención de la sociedad civil en este tema
consideramos que debe ser directamente proporcional a la medida que los Tijuanenses exigimos una policía con
mayor tendencia preventiva; mas que reactiva. Consecuentemente, a partir
del día que comience la gestión del Lic.
Alejandro Monraz Sustaita como presidente municipal, con base en las nuevas
políticas criminales del gobierno federal y reformas a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, ambas que se relacionan con el desarrollo y
desempeño de los cuerpos policiales, implementaremos el Plan Estratégico de Seguridad
Pública para Tijuana, que consiste en un proyecto integral de programas
para la prevención del delito que prioriza la prevención como base fundamental
de nuestra policía con el fin principal de reducir de forma considerable los
índices delictivos y con ello rescatar los espacios públicos.
En ese tenor, estamos convencidos que lo expuesto
anteriormente representa una responsabilidad
compartida, tanto de la sociedad civil, como del gobierno y sus
instituciones, razón por la cual, propongo materializar esa coadyuvanza creando
un Órgano
Implementador en Materia de Seguridad Pública, que se integrará por
representantes de diversos núcleos sociales, tales como académicos,
universitarios, organizaciones civiles,
periodistas, empresarios y otros grupos sociales; los cuales, en unión de representantes
del gobierno municipal evaluarán y propondrán estrategias, tanto de prevención
como de combate a la delincuencia, de tal manera que este órgano sea el medio
de acción dirigido por gobierno y sociedad.
Por tanto, para que este órgano implementador opere de
forma legítima y llevar a cabo este plan maestro, se creará una comisión de regidores
en cabildo municipal, para que sea
integrado en los ordenamientos correspondientes.
¿Qué propuesta
tiene para que más delincuentes sean sancionados?
En esta respuesta, queremos hacer
una precisión previa, ya que nuestra
propuesta va más allá del número de delincuentes sancionados, porque es,
precisamente, este tema la directriz del nuevo sistema de justicia que
remplazará al que opera actualmente, y fue uno de los motivos rectores que
originaron las reformas constitucionales en materia de justicia penal,
penitenciaria y derechos humanos.
El sistema cambiará y el objeto
principal será que en un proceso penal en lugar de velar primordialmente por
sancionar al delincuente sin importar la reparación del daño ahora el motivo
preponderante del juicio será resarcir a la víctima, pues no olvidemos que hay
personas detenidas que, justamente, por estar internas en un centro de
reclusión, es la razón por la que no tienen posibilidad para reparar el daño
ocasionado.
Hoy en día la sobrepoblación de
los reclusorios en nuestro país es un grave problema que repercute
principalmente en los bolsillos de los mexicanos, sin pensar que un gran número
de los internos no son culpables de los delitos que las fiscalías pretenden
imputar; además, cuando se logra demostrar su culpabilidad y se condena al
responsable rara vez éste repara el daño a la víctima del delito, pues existen
procedimientos excesivamente anquilosados para lograr este fin.
Por ello, con apego en las nuevas
leyes de la materia y en el ámbito de nuestra competencia como cabildo y presidente
municipal, practicaremos una exhaustiva
profesionalización de las instituciones de seguridad pública,
particularmente de los cuerpos policiacos, con el fin de que se desempeñen velando por los intereses de las víctimas
y así con apego en las reformas constitucionales se conviertan en un factor
preponderante para el sano desarrollo del cambio radical en materia de
judicatura y seguridad pública, facilitando en todo momento los medios alternos
de solución de conflictos previstos por las nuevas leyes penales.
En ese
contexto, una vez que contemos con una
corporación policiaca de
vanguardia, estaremos seguros que la función de los elementos captores que se
desempeñarán en los juicios del orden penal será eficiente, y no, como
sucede hoy en día, en la mayoría de los casos, que a causa de su actuar
desapegado a la legalidad, resulta ser el eslabón más débil para que los jueces
desvanezcan las acusaciones contra los delincuentes, trayendo como consecuencia
la impunidad.
Por ello, en nuestro mandato velaremos porque todas
las instituciones encargadas de la seguridad pública en Tijuana, y siguiendo la
cadena de mando, Secretario de Seguridad Pública Municipal, Directores, Jefes
Delegacionales, agentes policiacos y todos los servidores públicos a nuestro
cargo, pugnen por promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, pues estamos convencidos que el respeto a los derechos básicos, no
contraviene al restablecimiento de la seguridad pública, además de reformar los ordenamientos municipales
necesarios, con el fin de que guarden armonía con las reformas constitucionales
en materia de justicia penal, penitenciaria y derechos humanos; y, como
consecuencia sean sancionadas, única y exclusivamente, aquellas personas a las
que se les haya comprobado su responsabilidad
